Neuquén: Festival por la Verdad, la Memoria y la Justicia

 Prensa de Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
 25 de agosto de 2010

Festival por la Verdad, la Memoria y la Justicia

Tras cumplirse cuatro años del asesinato de Cristian González, la Asociación por el Libres Acceso a Costas de Ríos y Lagos no baja los brazos y a pesar del dolor continua su lucha y sigue trabajando por la Verdad, la Memoria y la Justicia.

Por eso este 27, 28 y 29 de agosto los invitamos a participar de las siguientes actividades:

Viernes 27

17Hs. Charla debate con el especialista en ecología y medio ambiente Javier Rodríguez Pardo. En la misma abordaremos la temática del derecho a disfrutar de los bienes comunes (glaciares, mallines, el agua).

Sábado 28

9Hs. Conferencia de prensa en Radio Nacional San Martín de los Andes con algunos de los adherentes a estas jornadas: la representante de madres del dolor Silvia Irigaray, la diputada nacional Cecilia Merchan y el muralista Marcelo “Chelo” Candia entre otros.

12Hs. Acto en el Río Quilquihue en el lugar en el que fue asesinado Cristian González, con la presencia de todas las organizaciones adherentes.

17Hs. Festival por la Verdad, la Memoria y la Justicia. Se llevará a cabo en el gimnasio de la escuela 134. Contará con la actuación de bandas locales y grupos de danza.

Domingo 29

9Hs. Asamblea de organizaciones ambientalistas de la región. Se llevará a cabo en el salón de la Asociación de Empleados de Comercio.

Adhieren:

Silvia Irigaray, Madres del Dolor, Marta Garcia, Programa Nacional Anti impunidad, Agrupación H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo, Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Confederación Mapuche San Martín de los Andes, FM Pocahullo, Radio Nacional San Martín de los Andes, Radio Nacional Bariloche, Co.Ca.Pre San Martín de los Andes, ATEN San Martín de los Andes, Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén, ProPatagonia San Martín de los Andes, Escuela primaria 134 San Martín de los Andes, Diputada Nacional Cecilia Merchan, Javier Rodríguez Pardo, Diputada Provincial Paula Sánchez, Jesús Escobar, Concejal de la ciudad de Neuquén Mercedes Lamarca, Ana Wicman, Teresa Hube de Bolson, Radio El Arka Bariloche, Barrios de Pie San Martín de los Andes, Libres del Sur San Martín de los Andes, Emilia Otharán, Ana Ambrogi UNE San Martín de los Andes, A.E.C. Zapala, Foro Sustentable San Martín de los Andes, Vecinos autoconvocados de Trewelin, Vecinos autoconvocados de Pilcaniyeu, Vecinos autoconvocados de Varvarco, Vecinos autoconvocados de Loncopue, Vecinos autoconvocados de Las Lajas, Asamblea permanente de Zapala, Grupo Moreno Neuquén, Rincón Limay Plottier, Comunidad del Limay Bariloche, Luis Mercurio Junín de los Andes, Autoconvocados en Defensa de los Derechos Humanos de los Enfermos de SIDA (A.D.D.H.E.S.).

Asociación por el libre acceso a costas de ríos y lagos “Cristian González”.

Contacto:

Ángel González, presidente de la asociación por el libres acceso a costas de ríos y lagos “Cristian González”, (0299) 15 464-8496

Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

www.asambleasciudadanas.org.ar

INMOLADO, PERDURA EN CADA RIO PATAGONICO

ESTA ES LA EXPLICACIÓN QUE NOS LLEVA A ESTAR PRESENTES DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL CORRIENTE EN SAN MARTIN DE LOS ANDES, NEUQUEN, AL CUMPLIRSE CUATRO AÑOS DEL ASESINATO DE CRISTIAN GONZALEZ

            INMOLADO, PERDURA EN CADA RIO PATAGONICO

                                                            

Ignoraba quien era. Sabía solamente que hablaría “por el libre acceso a la costa de ríos y lagos.” Allí estaba el hombre, ensimismado, permitiéndose una mueca de sonrisa indeleble, último disertante de un panel de activistas,  ojos iluminados, algo húmedos pero sin lágrimas, conteniéndolas.  La imagen  de Ángel González me sobrevendrá siempre, en cualquier instante de abstracción o vaya uno a saber cuando, como tantas representaciones, a veces soñolientas, mentalizadas sin aviso, sin permiso, repentinas. El II Seminario Latinoamericano, compartido y pensado por la Defensoría del Pueblo de Neuquén, “El agua como derecho humano”, realizado en el Cine Teatro Español de esa ciudad, fue el marco de mi encuentro con Ángel González, procurando leer  en cada una de sus palabras el dolor de un padre. Qué pretensión querer escudriñar más allá de lo que asoma. Qué culpabilidad ofrece el intento.

El 30 de agosto de 2006, Cristian González y dos amigos fueron a pescar a orilla del río Quilquihue, que nace en lago Lolog, inmediaciones de San Martín de los Andes. A Cristian le atraía y disfrutaba este deporte. Mientras pescaban, desde las cabañas Andina, frente a donde se encontraban ellos, les dispararon varios tiros que pasaron rasantes por sobre sus cabezas. Ante el pedido de explicaciones de Cristian, el guardia privado, Horacio Calderón, le disparó un tiro mortal en el cuello.
Desde entonces su familia y sus amigos reclaman justicia. El sicario recibió trece años y medio de prisión efectiva, pero el empresario de las cabañas, Gaspar Schoro, que contrató al guardia privado y le facilitó el arma -que no se hallaba declarada-  en ningún momento rindió cuentas del hecho.

Los alambrados sobre el río Quilquihué nunca fueron retirados,  encarcelan su corriente proponiendo la privacidad ilegítima del negocio. ¿Qué fue de Schoro? Cuentan que deambula enfermo por Buenos Aires y sin ánimo de retornar a la Patagonia. El oráculo vecinal sostiene que la carga que acarrea por las calles porteñas es muy pesada.

En estas horas de persecuciones, judicializaciones y de represión sistematizada sobre habitantes que defienden sus derechos, la muerte se hizo cosa corriente y estas historias son como muchas otras que se suceden a lo largo de nuestros territorios, avasallados por capitales de individuos influyentes y de ilícitos,  y por consiguiente frecuentan el silencio de lo cotidiano, la vulgaridad de lo convertido en hábito, la rutina de matar, como si la muerte fuera una impertinencia.

La gente optó por la vida y  Cristian  González está presente en innumerables escritos, coplas, canciones y banderas, es la imagen de la Asociación por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos, recorriendo los colegios de la Patagonia en campañas que anuncian “Conociendo nuestros derechos”, en los viernes de radio Pocachullo, en el programa “Costas libres, ciudadanos libres”, en todas las organizaciones ambientalistas, sociales, políticas y gremiales “en la lucha por la libertad de transitar nuestros ríos y lagos y en defensa de la soberanía nacional”, cuenta Ángel González, su padre, explicando la prospección  fotográfica que hacen en estos momentos, en  ríos y lagos de la región, demostrando cómo intereses sórdidos construyen muelles clandestinos e impiden el acceso a las costas con miles de alambrados que privatizan lo público. Hoy Cristian es emblema de derechos humanos en graffiti que reza “ni un solo alambre sobre ríos y lagos patagónicos”, hay murales neuquinos con su cara casi adolescente pidiendo justicia y respeto para todos.
Recuerdo que hubo un tiempo que intentamos llevar una campaña contra los candados de las tranqueras en la Patagonia, una gran deuda que aún tenemos pendiente. En la Patagonia es frecuente la apropiación de bienes que pertenecen a los comunes y que concluyen en manos de magnates nacionales o extranjeros como el Joe Lewis de Lago Escondido, el Ted Turner del río Minero en Estancia La Primavera, el Benetton del millón de hectáreas, y también los Doménico Panciotti y Tinelli con su proyecto turístico Trafipan 2000, que usurpan territorios ancestrales mapuche. El caso del empresario Panciotti es más que representativo porque la embajada suiza en Argentina impugnó por primera vez un acuerdo de protección de inversiones -Tratado de 1991- en una disputa con el pueblo originario mapuche.

Extranjerización no define acabadamente de qué hablamos, en cambio el término enajenación propone acopiar los mal llamados recursos naturales mancillando leyes como la del artículo 2340 del Código Civil que formula libertad absoluta y bien de dominio público a “los ríos y lagos navegables y sus lechos”, en tanto el artículo 2639 impone que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros  hasta la orilla del río o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción ni reparar las antiguas que existan, ni deteriorar el terreno en manera alguna”. Pero nada de esto se respeta. Un cúmulo de cohechos y sobornos dispendiosos habilitan la instalación de cadenas, tendidos  perimetrales, alambrados kilométricos que niegan accesos y libertades que ampara la Constitución Nacional.
Un tiro certero acabó con la vida de Cristian y confinó temporalmente al ejecutante, por lo general matones a sueldo con chapa de policía privada o simulados  de guarda-faunas, que ejecutan códigos inducidos por latifundistas acopiadores territoriales de agua, suelos y biodiversidad, y con cierto grado de poder eluden los tribunales del país. No todo sigue igual porque Cristian está en cada río vivo de la Patagonia e, inmolado, perdura en múltiples acciones como el proyecto de reforma de la Carta Orgánica Municipal de San Martín de los Andes, que exige la  creación de una defensoría del medio ambiente y la garantía comunal del libre acceso a costas de ríos y lagos. Dolor y justicia,  transformados en movimiento socia, hacen perdurar en la memoria la figura de un joven que reclamaba el derecho a pescar en un río que lo vio nacer.

Javier Rodríguez Pardo

Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) – Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA) - Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) – Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

Cntactos: rioslibres.cristiang@gmail.com (02972) 429051 San Martín de los Andes.

machpatagonia@gmail.com 011 1567485340 Buenos Aires

NEUQUEN: Cómo expulsar a los dueños originarios

Un informe de un observatorio de DD.HH. denuncia la persecución de mapuches en Neuquén

Un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas denuncia como “discriminación institucionalizada” la persecución a los mapuches en la provincia de Neuquén. Sostiene un total incumplimiento de la legislación vigente.

Por Darío Aranda

Casi todos los conflictos que sobrellevan los mapuches se originan en incumplimientos del Estado.

Neuquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial de la provincia, “atrevido, arrogante, audaz”. El 15 por ciento de la población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reconoce toda esa carga simbólica e histórica, pero acaba de publicar un duro informe sobre la actualidad del pueblo mapuche, donde se denuncia el accionar político y judicial de la provincia. “Discriminación institucionalizada” son las dos palabras que resumen el trabajo, donde se detalla la represión a comunidades, la judicialización de la protesta aborigen, se alerta sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena y se afirma que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.

La comunidad Plácido Puel vive en Villa Pehuenia –centro oeste de la provincia–, desde que tiene memoria. En 2003 la provincia transformó por ley al pueblo en municipio e incluyó dentro del dominio municipal a las tierras indígenas. Nunca se consultó a la comunidad, e incluso se desconoció su derecho de posesión legislados por ley nacional e internacional. El gobierno municipal comenzó un proceso de inmigración de población no indígena.

“La Municipalidad desconoció a la Comunidad Plácido Puel, fraccionó y entregó a particulares sus tierras y promovió en contra de sus miembros una persecución que aún se mantiene, mediante la violencia policial y las denuncias penales”, explica el “Informe de Situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Neuquén 2009-2010”. Es sólo uno de la decena de casos que detalla el relevamiento y da cuenta de la “ilegalidad de la política oficial respecto de los pueblos indígenas, donde prácticamente todos los conflictos que sobrelleva el pueblo mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del Estado, del derecho vigente”.

El trabajo da cuenta de la numerosa legislación que obliga el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas: Constitución Nacional y provincial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaración Universal de la ONU, entre otros. “La mayoría de las estructuras y prácticas judiciales no se han modificado para adecuarse al cumplimiento de tales derechos. Ni el estado nacional ni las provincias han adecuado sus leyes procesales para permitir que los pueblos indígenas actúen en condiciones de igualdad”, denuncia el Observatorio, creado en marzo de 2009 con apoyo de la Confederación Mapuche de Neuquén y que cuenta como miembros honoríficos a Adolfo Pérez Esquivel, Noemí Labrune (Asociación Permanente de Derechos Humanos de Neuquén) y Rodolfo Mattarollo (consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), entre otros.

A lo largo de 76 páginas se detallan violación al derecho a la educación, negación de acceso a la Justicia y la “discriminación institucionalizada” por parte del estado provincial. Se hace hincapié en el despojo de los recursos naturales y los territorios ancestrales. Denuncia que la legislación referida a hidrocarburos, el Código de Minería, los códigos de aguas y las leyes provincias referidas a tierras “en ningún caso han incorporado” los derechos de propiedad, consulta y participación establecidos en la Constitución Nacional y el Convenio 169.

“Esta omisión origina numerosos abusos por parte de las empresas extractivas y de los gobiernos provinciales, quienes no se consideran obligados al cumplimiento de las obligaciones internacionales”, afirma y explica que la situación se agrava en los numerosos casos en que los tribunales de provincias imputan como delito la resistencia de las comunidades, que rechazan las concesiones (petroleras, mineras, forestales) otorgadas sin haber sido consultadas.

La principal demanda de los pueblos originarios es el territorio. “En la protección de la posesión y propiedad de las tierras, las leyes se mantienen en el nivel declarativo y no existe una legislación y acción estatal adecuadas que los hagan efectivos”, recuerda el informe.

En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial, suspendió los desalojos indígenas por cuatro años y ordenó un relevamiento catastral en todas las provincias. La muy demorada aplicación de la norma implicó que, en 2009, fue prorrogada hasta 2013. “La ley no se aplica efectivamente. Los jueces continúan dictando órdenes de desalojo”, afirma la investigación.

Responsabiliza al gobierno provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “El INAI no ha demostrado voluntad para cumplir con la ley en caso de oposición u obstáculos opuestos por las autoridades provinciales. No está organizado para recabar información respecto del cumplimiento de la ley y no ha adoptado ninguna decisión orientada a realizar acciones tendientes a su efectividad “, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.

En 2009, el INAI y la Universidad Nacional del Comahue firmaron un acuerdo para avanzar con el relevamiento catastral. El gobierno provincial se negó a participar y luego emitió una intimación a la Universidad y el INAI para que abandonen el relevamiento.

“El gobierno provincial siempre se negó a avalar o participar en cualquier relevamiento que no estuviera dirigido y controlado por él”, explica el informe y asegura que el cumplimiento de la Ley 26.160 siempre padeció una “política de boicot permanente”, que incluyó el desconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades, la aceleración de juicios contra referentes mapuches y la conformación de grupos civiles armados que prometían defender la “propiedad privada ante la amenaza indígena”.

El relevamiento catastral se mantiene suspendido, a pesar de que la Defensoría del Pueblo de la Nación instó en marzo pasado a su urgente realización. “Esta situación agudiza los conflictos y las posibilidades de que el Estado, las empresas y los grupos terratenientes continúen despojando a las comunidades de sus tierras y, junto con los miembros del Poder Judicial, criminalizando las acciones de resistencia del pueblo mapuche”, alerta el Observatorio.

Página/12 se comunicó con el Ministerio de Coordinación de Gabinete de Neuquén. Delegaron las consultas en el Asesor General de Gobierno, Darío Moya. En un breve diálogo sostuvo que el informe no muestra la realidad del pueblo mapuche de Neuquén y solicitó las preguntas por escrito. A pesar de acordar un horario de cierre, el funcionario no envió las respuestas.

Las conclusiones del informe afirman que la provincia se caracteriza por un “racismo estructural” hacia el pueblo mapuche, que se constituye como “un aparato de agresión hacia la cultura indígena”. Explica que el “modelo autoritario” actual tiene sus raíces en la Campaña del Desierto, opera con dinámicas similares, y tiene como fin último la rentabilidad de los negocios inmobiliarios, la explotación hidrocarburífera, las empresas forestales, las grandes estancias y las compañías mineras. Todas actividades que avanzan sobre los territorios ancestrales indígenas.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-149758-2010-07-19.html

El Estado argentino se transformó en garante de empresarios K

Se trata de la obra hidroeléctrica Chihuido I en Neuquén preadjudicada a Electroingeniería y a Cristóbal López. Las denuncias que revelan irregularidades y los documentos clave.

El diputado de la Coalición Cívica (CC), Juan Carlos Morán, ratificó ante la Justicia la denuncia por sobreprecios, competencia desleal y "defraudación a la administración pública" en la preadjudicación de la obra de la Central Hidroeléctrica Chihuido I en Neuquén. El acuerdo se rubricó a principios de junio en la Casa de Gobierno entre la presidenta Cristina Kirchner y el gobernador neuquino Julio Sapag, pero a 60 días de que venza el plazo para sellar la adjudicación, la Justicia podría frenarla ya que la CC reclamará al Foro Contencioso Administrativo de la Capital que la preadjudicación sea impugnada cuanto antes.

Por el caso de Chihuido, Morán y otros tres diputados de la CC ampliaron una denuncia que había realizado la jefa del bloque, Elisa Carrió, por "asociación ilícita" contra Néstor Kirchner, el ministro de Planificaron Julio De Vido, el secretario de Energía Daniel Cameron y los empresarios K Cristóbal López y Gerardo Ferreyra.

Perfil.com accedió a documentos clave de la licitación y en ellos se observa como el Estado nacional es tomador y a la vez garante en el plan de financiamiento privado (no público) que López (Comercial del Plata Constructora, CPC) y Ferreyra (Electroingeniería) obtuvieron del Banco de Córdoba (Bancor), el Macro y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) para hacer frente a una inversión de más de 1.500 millones de dólares.

Estado omnipresente. En el caso del Bancor, la garantía que exige al consorcio de empresas cercanas a los Kirchner es la "cesión de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos". Es decir, la caja de las provincias. En cuanto al Macro, la garantía se sustentará con "la cesión de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal y otras garantías". Y no sólo eso, sino que en el partido de Carrió sospechan que las inversiones de la Anses con fondos de las jubilaciones en el Macro tendrían fines hidroeléctricos.

En tanto, en los tres créditos de las entidades financieras, el "Estado nacional" o un "fideicomiso a conformarse" figuran como tomadores de acuerdo a la documentación a la que accedió este medio. Morán aseguró que este tipo de prácticas "no es común" y que, según recuerda, " es la primera vez que dejan los dedos bien marcados".

Crédito desacreditado. Perfil.com sondeó a varias de las empresas que perdieron la megalicitación de Chihuido, pero por temor a ser marginados de la obra pública en próximos concursos, sólo una respondió por correo electrónico. Un director que pidió mantener su anonimato reveló que el comité de evaluación habría sido denunciado penalmente por una de las firmas concursantes por otras irregularidades en la preadjudicación.

Al parecer, uno de las tres entidades de financieras no estaba en condiciones de otorgar un préstamo por cientos de millones de dólares porque el mismo día de firmar la aprobación del crédito había emitido bonos para cumplir con exigencias del Banco Central.

Eso no es todo. El préstamo del BNDES está planteado como de "nación a nación", según explicó la fuente empresarial a Perfil.com, y por tanto está sujeto a otro tipo de requerimentos que no estarían permitidos como "financiamiento privado". El ejecutivo relató que todos los concursantes se dieron cuenta rápidamente de los puntos oscuros de la oferta de financiamiento de las firmas de Cristóbal López y Gerardo Ferreyra.

Como si fuera poco, Electroingeniería, CPC, Hidrocuyo, Robella Carranza y la brasileña OAS, las vencedoras del concurso, no poseen antecedentes en la construcción de estas megapresas hidroeléctricticas en el país (Oas sí en el suyo). En cambio, el Grupo Roggio, Isolux-Corsán, Esuco y Supercemento, por un lado, y el Grupo Pescarmona, por el otro, sí registran esta clase de obras en la Argentina.

http://www.perfil.com/contenidos/2010/07/01/noticia_0017.html

http://www.perfil.com/fotogaleria/?filename=contenidos/2010/07/01/noticia_0017.html&fotoNro=1

Electroingeniería y Cristóbal López participan en Chihuidos I con sobreprecios de U$S 1.200 millones

28/06 – 11:00 - Un grupo de diputados realizaron una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py en contra de las autoridades neuquinas por irregularidades en la conformación de la UTE que tendrá a su cargo la construcción de la obra Chihuidos I. El 20% del paquete lo poseen dos empresas del entorno presidencial, sospechadas de estar vinculadas a Néstor Kirchner; Electroingeniería, por un lado y Comercial del Plata Constructora de Cristóbal López por el otro. ¿Sucederá algo parecido con Condor Cliff-La Barrancosa en Santa Cruz?.

Los diputados Juan Carlos Morán, Fernanda Reyes, Adrián Pérez y Walter Martello, realizaron una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py denunciando que la obra energética Chiuido I en la provincia de Neuquén se realizará con un sobreprecio de U$S 1.200 millones y donde tienen participación en UTE dos empresas del riñón del gobierno como son Electroingeniería (EISA), cuyo director es Gerardo Ferreira y Comercial del Plata Constructora de Cristóbal López, indica hoy el diario Río Negro.

En la denuncia los legisladores admiten que no se han respetado los procedimientos de selección en este tipo de obras ni se tuvieron en cuenta los principios de la contratación pública. En este punto señalan que el grupo Roggio que había presentado una oferta por 303 millones de dólares (1.200 menos que EISA-CPC) perdió porque el financiamiento total de la obra no llegaba al 30% con una tarifa económica para el sistema.

Fácil: la hacen privados con aval del Estado.

Tal como lo refiere el Río Negro el tándem EISA-CPC presentó, con su propuesta para la construcción de Chihuido I, una financiación del orden de los 1.181 millones de dólares para un costo total de la obra superior a los 1.560 millones de dólares.

Según las propuestas dadas a conocer públicamente, tres son las entidades financieras que participan del aporte de fondos: el Banco de Córdoba, con 302 millones de dólares; el Banco Macro acercaría otros 150 millones y Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) estaría en condiciones de transferir 729 millones de dólares más.

Pero, analizando la «letra chica» de la propuesta, surge que el financiamiento de la obra no es privado sino que llega de la mano de las entidades mencionadas con avales y garantía nacional y provincial, estas últimas a través de la cesión de recursos coparticipables. En definitiva, quien toma el crédito para la obra termina siendo el Estado nacional y los bancos mencionados, que son los que consiguen los fondos, actúan como meros intermediarios en la estructuración de la logística financiera para poner en marcha la obra.

Las preguntas que surgen a raíz de este planteo y señalan los legisladores, son la siguientes:

• ¿Cuál es el riesgo empresarial cuando los fondos para la obra llegan de entidades bancarias con garantías del Estado?
• ¿No es un argumento, como mínimo, poco serio dar como ganadora de la compulsa esta propuesta de mayor financiamiento?

Los diputados consideran que existiría en esta licitación una maniobra en virtud de la cual se beneficia al consorcio preadjudicado mediante la ayuda del Estado nacional, que le permite conseguir un financiamiento sin el que le sería imposible acceder en condiciones de igualdad con los otros oferentes, algo relativamente “normal” en la obra pública de la provincia de Santa Cruz donde todo va a parar a manos de las empresas signadas por su relación con Néstor Kirchner.

El recupero de la inversión

En este punto también existen muchas dudas. La denuncia elevada a Comodoro Py señala que el costo de la energía futura a cobrar por el consorcio preadjudicado es MW/mes 7,355 dólares superior al del segundo precalificado. Esta diferencia terminará, presumiblemente, siendo trasladada a la tarifa del consumidor final.

Los usuarios, con la preadjudicación del consorcio liderado por EISA-CPC, deberán pagar un sobreprecio equivalente a 1.100 millones de dólares para todo el plazo de concesión, lo que sería equivalente al costo de la inversión necesaria para ejecutar el proyecto Chihuido II.

Aportes de la Anses

La denuncia presentada en Comodoro Py señala que el argumento del gobierno neuquino del financiamiento privado que permitió adjudicar la obra a un mayor precio que las restantes ofertas es una falacia debido a que «los 1.180 millones de dólares de supuesto financiamiento privado de estos empresarios están directamente respaldados por fideicomisos, seguros, coparticipación federal y hasta posibles cargos energéticos a crearse por parte del Estado nacional».

En otra parte del escrito destacan que «los empresarios no ponen un peso, por lo que ellos no asumen riesgo de ningún tipo, sino que es asumido en su totalidad por el Estado nacional, por ende, quien responde en última instancia es siempre el pueblo argentino».

En otro de los párrafos de la denuncia se destaca que «de todo lo expuesto es importante remarcar que además del sobreprecio en favor de EISA-CPC y el riesgo exclusivo del Estado en los créditos otorgados, lo escandaloso es que indirectamente estarían financiando un presunto hecho de corrupción con dinero de los futuros jubilados».

Los diputados que impulsan la demanda dan cuenta de las actas de la Anses, en las que se observa que tanto el Banco Macro como el de Córdoba reciben permanentemente grandes depósitos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, termina señalando el diario Río Negro.

Santa Cruz está a las puertas de generar una inversión similar a través de la construcción de Condor Cliff-La Barrancosa; habrá que ver si la asignación de los trabajos va a ser transparente o como es costumbre, será una dádiva a empresas del poder que teñirán todo lo bueno que pueda tener la obra con sospechas de sobreprecio y corrupción. Agencia OPI Santa Cruz).

Un ex directivo de Monsanto reclama desalojar a una familia Mapuche de la comunidad Paisil Antreao

(AW) Un ex vicepresidente de Monsanto-la multinacional de granos transgénicos- para America Latina, pretende desalojar judicialmente a una familia mapuche en el sur de Neuquén en Paisil Antreao que reside desde tiempos ancestrales en su tierra

Por Susana Lara

Un empresario argentino productor de semillas genéticamente modificadas y ex directivo de MONSANTO -líder mundial de la producción en agroquímicos y biotecnología-, es uno de los presuntos propietarios de tierras en Villa La Angostura, sur de Neuquén, que reclama judicialmente el desalojo de una familia Mapuche miembro de la comunidad Paisil-Antreao. La renta de la biotecnología en Territorio Ancestral Mapuche.
Por Susana Lara

Carlos Alberto Popik reclama el desalojo judicial de Elma Quiroga Antriao y su familia de una fracción del lote 9 de la antigua colonia agrícola-pastoril, espacio de ocupación Ancestral Mapuche, con costa al lago Nahuel Huapi.

Integra actualmente el directorio de Bioceres Semillas SA y preside la agroganadera Popiquen SA. Presidió Monsanto Argentina SAIC por lo menos durante los ejercicios 1999, 2001, 2002 y 2003. Él mismo añade que fue vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica y miembro del Consejo Asesor de Monsanto en USA.

Se autoidentifica como productor agropecuario; además, es miembro del Consejo Asesor de Agronegocios y del Consejo Asesor de las carreras de post grado en Negocios de la Universidad de San Andrés.

La causa Popik

En 2006, a través de los abogados Julio Saraví Casco y Guillermo Hensel el empresario inició la causa reivindicatoria, con cuya notificación a la víctima trabajamos para este informe.

Los datos personales de Popik que constan en el poder especial a sus abogados (de 2005) y en la escritura de la operación de compra del lote en conflicto (de 1998) son los mismos que han sido publicados en boletines oficiales en relación a las empresas cuyos directorios integra. También se corresponden los datos personales de su esposa. Por tanto, estamos en condiciones de asegurar que se trata de la misma persona.

Según la versión de Popik en la causa, le compró la fracción de algo más de 4.700 metros cuadrados a Julio Angel Rigoni en 1998, quien a su vez la había comprado a Adolfo Gustavo Lanús y Máximo Ayerza ocho años antes.

Lanús y Ayerza reivindicaban la propiedad de esa fracción junto con Juan José Dotras, Luis María Dotras, José Francisco Dotras, Roberto Juan Dotras, Máximo Ayerza, Pablo Romano y Lidia Inés Sorbinetti. Esa reivindicación cesó cuando Juan José Dotras donó a Elma Quiroga en marzo de 1990 el lote 16-20-54-2955 (fracción 10 b 2) con una superficie de 4.661 metros cuadrados en cumplimiento de un acuerdo extrajudicial firmado dos años antes por María Rosa Lanusse, esposa de Dotras, en relación a la causa "Lanús, Gustavo Adolfo y otros c/ Antriao Rosenda y otros s/reivindicación".

Aquella donación vino a licuar el conflicto, pero evidentemente no a resolverlo. Sólo que ahora frente a la familia mapuche no está el hotelero de raigambre andina como era Dotras, sino un exponente de la renta del capital del neoliberalismo, con otras redes, con otros recursos, con otras metodología.

Solamente la revisión integral de títulos del lote 9 -comprometida por el INAI en 2005 sin realizarse hasta el momento-, podrá revelar esta red de operaciones de dudosa legalidad y legitimidad.

Miercoles 2 de junio de 2010, Bariloche.

Fuentes:

- Boletín Oficial de la RN números 30226, 29984, 29984, 29696, 28974 y 29218.

- Expediente 281 de 1988 "Lanús, Gustavo Adolfo y otros c/ Antriao Rosenda y otros s/reivindicación", con intervención del juez Luis Alberto Titanti, secretaría Civil a cargo de Carlos R. Caminos, Junín de los Andes.

- Expediente 846/2006, juzgado Nº 2 en lo Civil de Junín de los Andes. Notificación de la demanda, copia en poder de la víctima.

- bioceres.com.ar

- Apuntes para un análisis global de los conflictos del área Belvedere/Correntoso

http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=5050&Itemid=85

CIMOP reconoce la contaminación de la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro - Propuesta resolución Asamblea SANIDARIOS

Informe para la Prensa

Les adjuntamos el informe de la agencia AV, al respecto del reconocimiento del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas sobre la eutrofización y contaminación petrolera, agrotóxica, industrial y cloacal padecida por la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los Ríios Limay, neuquén y Negro.

Les adjuntamos las propuestas de resolución al respecto, plantedas por la Asamblea SANIDARIOS al Parlamento de Legisladores Patagónicos, y otros organismos vinculados con la Defensoría del Pueblo y Fiscalías de las provincias de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y y Fiscalía Federal.

ASAMBLEA POR LA SANIADAD DE LA CUENCA DEL LAGO NAHUEL HUAPI Y LOS RÍOS LIMAY, NEUQUÉN Y NEGRO – SANIDARIOS –

J.J. Biedma 87 – CP 8.504 – Carmen de Patagones – Provincia de Buenos Aires

www.eco-comarca.com.ar sanidarios-owner@gruposyahoo.com.ar

Claudia Czertok 02920 - 424.269 / Ileana Petersen 426.413 / Elvio Mendioroz 464.222

Advierten sobre la fragilidad del río Negro

01:41 03/05/2010 La cuenca comienza a sufrir efectos contaminantes por el vertido de fluidos domésticos e industriales. El manejo de las crecidas impacta en la flora y la fauna. Lo dice un estudio oficial.

VIEDMA (AV).- Los residuos domésticos e industriales generados en centros urbanos con cierta densidad poblacional están provocando problemas en la cuenca del río Negro. La contaminación en las áreas rurales, como consecuencia de las actividades productivas, comienza a ser relevante; según el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (CIMOP).

El diagnóstico forma parte de un estudio denominado "La gestión del agua y su infraestructura en el desarrollo sustentable del territorio" elaborado por ese cuerpo para abordar la problemática de los recursos hídricos en la Argentina, y el desarrollo humano y estratégico de las regiones. Indica que la debilidad de algunas zonas de montaña y el carácter torrencial de las escorrentías provoca una marcada erosión de los suelos de la cuenca. Este fenómeno se encuentra agravado en extensas zonas por el excesivo pastoreo de las majadas. El fenómeno caracteriza el ambiente físico imperante en la cuenca del río Neuquén que transporta elevados cargos sedimentarios a los embalses.

Si bien el trabajo considera que el grado de conservación de los ríos en la cuenca es razonablemente satisfactorio, pone en el tapete de discusiones que el vertido de efluentes domiciliarios sin tratar, sumado al de origen industrial; hacen que la calidad del agua se vea parcialmente degradada en ciertos sectores del río.

Las obras de regulación construidas han modificado sustancialmente el régimen hídrico natural provocando alteraciones del medio que se manifiestan de diversos modos. En algunos casos, plantea que la eliminación de crecidas importantes suprimió el efecto autolimpiante en los cauces.

En segundo término, observa que la desactivación casi permanente de algunos cauces secundarios se traduce en una modificación del hábitat de las especiales vegetales y animales.

Una de las actividad más contaminantes que menciona el estudio en el ámbito de la cuenca es la explotación petrolera. Pide atención en los derrames y filtraciones de hidrocarburos y de los elementos químicos utilizados en el proceso de extracción.

El CIMOP puso como ejemplo que la explotación de la cuenca hidrocarburífera neuquina de vasta extensión en esta región, constituye una "permanente amenaza" para la flora y fauna, y para las fuentes de abastecimiento de agua potable.

De iguales características aunque de menor magnitud por tratarse de una actividad no desarrollada aun en plenitud, es el conflicto derivado de la actividad minera.

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Carmen de Patagones, día 13 de Abril del año 2010

A la Señora Presidenta del

Parlamento de Legisladores Patagónicos

Dra. Magdalena Odarda

Su despacho

Ref.

Solicitud de la Asamblea SANIDARIOS, a fin de reunirse

con legisladores neuquinos, rionegrinos y bonaerenses,

para tratar la remediación del proceso de eutrofización y

contaminación petrolera, industrial, agrotóxica y cloacal

padecida por la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos

Limay, Neuquén y Negro.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, al efecto de solicitarle quiera tener a bien gestionar una reunión con legisladores representantes de las comisiones de recursos hídricos, educación y desarrollo económico de las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires y la Asamblea SANIDARIOS, a fin de tratar el encaminamiento para la remediación de la eutrofización y la contaminación petrolera, industrial, agrotóxica y cloacal de Cuenca padecida por la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro.

Propiciamos para el correcto desarrollo del tema planteado, reconocer y respetar los siguientes parámetros de tratamiento:

Considerar “El Agua como Derecho Humano”.

Reconocer “Los Derechos de la Naturaleza”; fuente proveedora del agua.

Reconocer cada acuífero subterráneo, vertiente, arroyo, laguna, lago, embalse y o río que conforman el ecosistema de la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro como eje de agua primordial a sostener, cual elemento vital, y para el debido desarrollo de cada una de las familias neuquinas, rionegrinas y maragatas que convivimos y convivirán a su vera.

Reconocer a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas AIC, como el organismo rector en el control, preservación y remediación de la eutrofización y contaminación padecida por la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro.

La regencia de la AIC en lo que a Sanidad Ambiental de la Cuenca se refiere, es sostenida por la Ley 23.896 del Senado y Cámara de Diputados de la Nación; Ley 1.651, Decreto 2.197 de la Provincia de Neuquén; Ley Nº 10.452 de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Nº 2.088 de la Provincia de Río Negro. El Art. 2 de su Estatuto “La AUTORIDAD tendrá por objeto entender, en el modo y con los alcances que se fijen en el presente Estatuto en todo lo relativo a la administración, control, uso, aprovechamiento y preservación de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. El Art. 41 de la Constitución Nacional le obliga: “El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. (Para su administración, la AIC recauda el 1,5% de la recaudación de las cinco represas hidroenergéticas de los ríos Limay y Neuquén).

Ya el Tratado de Creación de la AIC le señala tal potestad: “y considerando que es necesario regular los recursos hídricos interprovinciales, tendiendo a armonizar y compatibilizar la acción de las Provincias y la Nación, teniendo en cuenta que una administración eficiente de los mismos no puede parcializarse por jurisdicciones y dado que el concepto de cuenca trasciende los límites políticos establecidos….”.

Otros parámetros de tratamiento para el tema expuesto, se refieren a la necesidad de revertir la obsoleta conducta de utilizar los torrentes hídricos de la Cuenca como para el volcado final de efluentes de toda índole, comprendiendo la imperiosa necesidad de disponer nuevos espacios territoriales para el volcado, tratamiento y recuperación de los efluentes cloacales e industriales, propiciando para tal efecto la utilización de la zona de bardas aledañas a la Cuenca, espacios a ser destinados para la práctica forestal tras el reciclado de los efluentes cloacales, y para el próximo y correcto asentamiento de las plantas industriales neuquinas, rionegrinas y bonaerenses establecidas y a establecerse sobre las bardas que conforman la Cuenca.

Revertir el engañoso principio hoy dispuesto para el control de la contaminación del agua de la Cuenca, actualmente establecido en función al resultado de los análisis realizados en el agua y sus componentes. El río no se enferma por si mismo, sino por los venenos que le agregan; por cuanto que su correcto control ambiental debe ser establecido en función al control de cada efluente petrolero, agrotóxico, industrial y cloacal volcado, filtrado y o escurrido a lo largo de su curso; responsabilidad de control a asumir por la AIC.

Obrar en consecuencia al significado de las miles de familias que hoy precisan y precisarán de ocupar nuevos espacios de suelo para establecer su vivienda y capacidad de desarrollo, familias quienes por su natural instinto de supervivencia habrán siempre de radicarse próximas a los torrentes de agua. Hoy ya 17.000 familias reclaman su suelo en la Ciudad de Neuquén; tan solo en un año, 900 familias ocuparon tierras para su vivienda en la Ciudad de Viedma; fenómeno de inmigración consecuente a la progresiva expulsión de la población hoy asentada en las grandes concentraciones urbanas; personas ya hartas de padecer y subsistir en estado de carencia y hacinamiento, donde el artificio del trabajo impropio, el tiempo muerto de transporte, la indolencia pública, y o la falta de expectativas por una vida mejor, tienden su conducta emigratoria hacia el encuentro de un espacio apto y pleno donde desarrollarse: Un sitio con agua presta.

Y es sobre las márgenes de los lagos y ríos que conforman entre otros estuarios nuestra Cuenca Patagónica, el espacio vital que, invariablemente, habrá de convocar, cobijar y sostener una enorme corriente de familias que emigrarán de las grandes concentraciones urbanas; situación social que nos convoca a realizar un inminente planteo para la formulación y creación de nuevos espacios para el hábitat público, sitio donde habitarán y se desarrollarán estas nuevas familias, siempre dependientes y en derredor de la calidad y cantidad de agua a consumir.

Brindadas estas premisas, le solicitamos el planteo conjunto con nuestra Asamblea SANIDARIOS, de las siguientes propuestas:

* Se propone al Parlamento de Legisladores Patagónicos para que convoque a las Comisiones de Educación de las Provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, a fin de que se incorpore a su respetiva currícula del ciclo primario de educación, un manual de educación que instruya la función ecológica, social y de desarrollo genuino y local, que en forma complementaria e interrelacionada, conforman los diversos cursos hídricos de la Cuenca del Lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro.

* Se propone al Parlamento de Legisladores Patagónicos para que convoque a las Comisiones de Recursos Hídricos de las Provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, a fin de ponerlos en conocimiento para la resolución del proceso de eutrofización y contaminación petrolera, agroquímica, industrial y cloacal padecida por la Cuenca.

* Pedimos que a través del agregado al Estatuto de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas AIC, se indique en forma precisa que este organismo es el único responsable final por el control de los efluentes y residuos de origen agroquímico, industrial, petrolero, industrial urbano y cloacal volcados y/o filtrados a la Cuenca.

* Propiciamos la promulgación de un Nuevo Protocolo para el Resguardo de la Calidad, Sanidad y Vitalidad del Agua de la cuenca del lago Nahuel Huapi y los Ríos Limay, Neuquén y Negro, formulado a partir de que los efluentes cloacales e industriales sea analizados antes de que tomen contacto con el agua del río.

* Propiciamos desde la responsabilidad de regencia y administración de la AIC, la creación de un Único Órgano de Control responsable de investigar, señalar y recomponer desde su origen, cada foco de contaminación petrolera, agrotóxica, industrial, frigorífica, hospitalaria, industrial urbana y cloacal que directa o indirectamente sea volcado, escurrido y o filtrado al agua de los acuíferos subterráneos, arroyos, embalses, lagunas, lagos y ríos que en su conjunto conforman el ecosistema de la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro.

* Se promueva la modificación de los Estatutos de la AIC para la incorporación de un Fondo Ambiental específico a ser destinado al Control Ambiental de la Cuenca.

* Se promueva la modificación de los Estatutos de la AIC para la incorporación de un Fondo Ambiental específico, como ayuda financiera para la reparación o creación de plantas depuradoras cloacales o industriales.

* Fundados en el dictado del Art. 41 de la Constitución Nacional*, requerimos se establezca en los Estatutos de la AIC como prioridad la preservación ambiental de la Cuenca, por sobre la financiación de obras de control de erosión, defensa de costas, costaneras y/o paisajes. * “El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”

* Requerimos se exija a la AIC el incremento del caudal de agua volcado por las represas, llevado a una constante mínima de 900mts3 por segundo, ya que de otro modo el proceso de eutrofización y contaminación será inevitable, y cualquier proyecto de desarrollo urbanístico o productivo ligado al agua del río, por su insuficiente caudal, estará condenado al fracaso.

* Se solicita a los legisladores que requieran la memoria y balances de la AIC desde su constitución; y soliciten una Auditoría del manejo de sus fondos.

* Propiciamos se legisle para que todos los efluentes cloacales sean trasladados a la zona de bardas, a fin de que sean allí primero tratados, y luego utilizados para el riego forestal.

* Propiciamos se legisle a fin de promover la instalación de los servicios públicos elementales en la zona de bardas aledañas a cuenca, con el fin de servir este espacio para la próxima radicación de industrias de toda índole.

* Promovemos se legisle a fin de que cada municipio tenga su Carta Ambiental Municipal, donde estas problemáticas se vean reflejadas no sólo en enunciado de derechos, sino en prácticas concretas y eficientes que permitan el control ciudadano, a fin de proteger sus bienes naturales.

Para finalizar, y con el fin de rogarle especial relevancia al tema tratado, brindamos a las Legisladoras y los Legisladores Neuquinos, Rionegrinos y Bonaerenses, el párrafo final correspondiente a las conclusiones de nuestra última Asamblea SANIDARIOS, el cual refleja la situación actual con relación a la preservación ambiental de nuestra Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro:

“A tres años de iniciar la actividad de nuestra Asamblea, y pese a las permanentes denuncias sobre eutrofización y contaminación agrotóxica, petrolera, industrial y cloacal testimoniadas a lo largo de la Cuenca, comprobamos que persiste un vergonzoso e inconcebible estado de apatía en los responsables de controlar y remediar su degradación ambiental, encabezados por las autoridades y funcionarios de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas como organismo rector en su amparo ambiental; en complicidad con quienes administran el Departamento Provincial de Aguas y ARSA en la Provincia de Río Negro; la Dirección de Hidráulica y el EPAS en la Provincia de Neuquén; y la Autoridad del Agua y ABSA en la Provincia de Buenos Aires (Con tantos responsables, nadie es responsable). Señalamos también a los Intendentes y Presidentes de los Concejos Deliberantes de cada municipio lacustre y/o ribereño a la Cuenca, quienes estimamos ya no pueden continuar en su postura de silencio e inacción al respecto de sus propios focos de putrefacción del agua; y convocamos por fin a la responsabilidad de los ciudadanos rionegrinos, neuquinos y maragatos en participar y ejercer juntos nuestros derechos constitucionales, a fin de preservar este maravilloso e invalorable “Hilo de Vida” que representan nuestros lagos y ríos patagónicos”.

Sin otro particular, quedamos a la espera de su determinación al respecto de los temas tratados, y hacemos propicia esta presentación para saludarla muy cordialmente.

Claudia Czertok Elvio Mendioroz Ileana Petersen

14.418.231 8.213.861 21.445.989

ASAMBLEA POR LA SANIADAD DE LA CUENCA DEL LAGO NAHUEL HUAPI Y LOS RÍOS LIMAY, NEUQUÉN Y NEGRO – SANIDARIOS –

J.J. Biedma 87 – CP 8.504 – Carmen de Patagones – Provincia de Buenos Aires

www.eco-comarca.com.ar sanidarios-owner@gruposyahoo.com.ar

Claudia Czertok 02920 - 424.269 / Ileana Petersen 426.413 / Elvio Mendioroz 464.222