En ese marco, el mandatario consideró que "el tema de fondo no es la minería", sino "el artículo 311 de la Constitución Provincial, que faculta al poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a los municipios a llamar a consultas no vinculantes y no obligatorias, por temas que sean de su competencia".
Sapag sostuvo que esa norma indica que las consultas vinculantes "son resorte exclusivo de la Legislatura y a través de una ley" y por lo tanto consideró que "este llamado que ha hecho el municipio a través de una ordenanza, es absolutamente inconstitucional".
"Quisieron darle carácter de obligatorio y vinculante", cuestión el gobernador.
En ese sentido, sostuvo que "si queremos respetar el contrato social, la república y la democracia, respetemos las facultades de cada uno. No es resorte del municipio el tema minero tampoco".
Sapag advirtió que "no puede un municipio derogar una norma constitucional como es el artículo 311 de la Constitución Provincial, pasar por encima de ello y pretender engañar a la gente. Esta consulta es simplemente una consulta, es no vinculante".
"Vamos a hacer un planteo ante la Justicia sobre esta ordenanza pero no por el tema minero, aclaro, es por el tema Constitucional, porque están avasallando los derechos de la provincia, de la Legislatura y del poder Ejecutivo provincial", acotó.
Los pobladores de Loncopué participaban hoy de una consulta popular que decidirá la prohibición o no de la megaminería en la zona luego de que el Tribunal Superior de Justicia provincial autorizó la realización del referéndum.
La consulta ganó relevancia entre ambientalistas que rechazan la megaminería a cielo abierto y resaltaron que el último caso anterior al de Loncopué, se dio en 2003, en la ciudad chubutense de Esquel donde la población rechazó la instalación de una minera y el gobierno debió dar marca atrás con sus planes para instalar allí un emprendimiento minero.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL) impulsó el referéndum para decidir la suerte del proyecto firmado en 2008 entre la Corporación Minera de Neuquén (Cormine) y la empresa de origen chino Emprendimientos Mineros SA.
Los pobladores recurrieron a la Justicia al advertir que el convenio no había respetado la condición de surgir tras una licitación pública.
El gobierno neuquino apeló en varias instancias a la postura de los habitantes, pero el Tribunal Superior de Justicia respaldó el reclamo social y dispuso que se haga la consulta también a las comunidades originarias de la zona.
http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-192638-titulo-Sapag_trat%C3%B3_de__inconstitucional__al_referendum_en_Loncopu%C3%A9_para_la_instalaci%C3%B3n_de_empresa_minera
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