La megaminería transnacional legalizada durante los 90, hoy busca legitimidad social. Sobre las estrategias de intervención cultural para consolidarla investiga Mirta Antonelli en el segundo capítulo de la obra “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales” que se presenta en la región.
Las siguientes publicidades radiales de Cormine pueden considerarse uno de los ejemplos de la estrategia -estatal y corporativa- que Antonelli describe en “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la ‘minería responsable y desarrollo sustentable’”, cuyos fragmentos se transcriben a continuación.
“La megaminería se funda en una provocativa particularidad: la autoinhibición del Estado para disponer de su territorio, de su soberanía”.
“El Estado no puede ser sino socio de la desapropiación, en una posición asimétrica de cesión, no sólo de territorio sino de recursos y aparatos estatales según leyes producidas a escala de los intereses corporativos”.
“En este marco nacional también se requiere de estratégicas voces universitarias y de agencias científico-tecnológicas públicas que autoricen el modelo extractivo, coimplicando en ello la legitimidad de instituciones del Estado en un proceso de oposición y réplicas a los movimientos sociambientales y de descalificación de la sanción de leyes de prohibición de esta minería a cielo abierto y con sustacias tóxicas en numerosas provincias argentinas”.
“Los cuerpos normativos que desde los 90 enmarcan esta minería a gran escala en varios países de la región, incluída la Argentina, también son efecto de redes transnacionales que hoy ratifican no sólo esa legalidad sino su legitimidad, e impulsan los cambios necesarios para sostener el modelo extractivo minero.
“De hecho el actual dispositivo de intervención corresponde a esta fase de implementación acelerada del modelo legalizado en la década pasada, y de expansión ampliada de su discurso global consolidado este a comienzos del milenio. Media entonces más de una década entre la normativa neoliberal desapropiadora y la circulación extendida del discurso seductor y garante de “la minería responsable y sustentable”, producido por sedes y redes transnacionales promovidas por las mayores empresas minero-metalíferas a las que pertenecen las que operan en la Argentina”.
“Teniendo en cuenta que la Nación ha declarado a la minería como “plan nacional”, esto es le ha asignado el carácter de “interés público” (…), el Estado Argentino ha puesto todos sus aparatos -legal, técnico, económico, social, cultural, de producción, innovación y transferencia de conocimientos- al servicio del modelo extractivo de los capitales transnacionales”.
“La eficacia de este dispositivo se viene ponderando y calculando a escala micro, en las localidades y comunidades concretas, lugares de resistencia donde los empredimientos extractivos se emplazan multiterritorialmente y donde la injerencia del Estado en todas sus jurisdicciones opera de manera decisiva para garantizarlo”.
El capítulo procura “desplegar el análisis de la colonización por el discurso hegemónico y sus actores para la licencia social y la gobernanza, operando sobre campos de experiencia y horizontes de expectativas pro mineras, a la vez que procura la desacreditación de las comunidades del no, la invisibilización de las resistencias y disputas del modelo de desarrollo que presenta como narrativa utópica y la desautorización de los procesos ciudadanos conducentes a la sanción de leyes de prohibición y al rechazo de empredimientos de la megaminería”.
http://www.8300.com.ar/2009/09/02/el-estado-legitima-la-megamineria-contaminante/
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