La historia está a favor de los Paichil Antriao; ellos tienen 220 hectáreas y les han robado más de 400. Sobre lo que corresponde a su territorio ancestral se emplazó la ciudad Villa La Angostura, “si hubiese que devolver tierras a los Paichil Antriao, habría que sacar la plaza pública y todos los edificios que están ahí instalados” señaló Jorge Nahuel.
José Luis Vargas, Observatorio Ciudadano, miércoles 27 de enero de 2009
Las legítimas reivindicaciones territoriales llevadas a cabo en la provincia de Neuquen, por la comunidad mapuche Paichil Antriao, han tenido como respuesta la militarización del territorio reclamado por la comunidad. Dicha arremetida policial y jurídica ha sido ejecutada por autoridades locales, encabezadas por el gobernador de la Provincia Jorge Sapag, además del latifundista estadounidense, William Hernry Fisher, quien señala ser dueño de las tierras que llegó a ocupar recién en el año 1983.
En el marco del proceso de recuperación encabezado por la comunidad Paichil Antriao, se produjo un fuerte desalojo -el pasado 02 de diciembre de 2009- desde terrenos ocupados en el cerro Belvedere, ubicado en Villa La Angostura (provincia de Neuquen). Allí la comunidad mapuche Paichil Antriao ha tenido que resistir por años en el territorio que le ha pertenecido por más de un siglo, cuando el gobierno argentino en 1902 reconoció la propiedad de las tierras mapuche.
En la actualidad, los comuneros de Paichil Antriao viven en menos de la mitad de lo que corresponde a su territorio original, a pesar de que posee un territorio ancestral que abarca un total de más de 600 hectáreas.
En conversación con el Observatorio Ciudadano, la Confederación Mapuche de Neuquen dio a conocer importantes antecedentes sobre la situación que se vive en la provincia de Neuquen producto de la negación de las autoridades gubernamentales de reconocer el despojo territorial de la comunidad Paichil Antriao.
Jorge Nahuel, vocero de la Confederación, explicó que la ley de relevamiento Nº 26160 en la legislación argentina, permitiría demarcar tierras ancestrales en Puelmapu para las comunidades mapuche a quienes históricamente se les ha usurpado territorio. Según el dirigente, esta normativa favorece ampliamente a la comunidad Paichil Antriao.
Uno de los primeros casos a atender en el marco de la ley de relevamiento, era el de la comunidad Paichil Antriao. Sin embargo “la provincia le sacó el cuerpo, la historia está a favor de Paichil Antriao; sobre su tierra tradicional se instaló el mismo pueblo. Esta es historia muy reciente, que está documentada”, afirmó Nahuel.
El representante de la Confederación denunció, además, el despojo territorial que afecta a la comunidad Paichil Antriao en la actualidad, contando solo con 220 hectáreas, menos de la mitad de su territorio ancestral. Inclusive es sobre tierras del lof (comunidad) donde se emplaza el turístico poblado de Villa La Angostura, próximo a Bariloche, por eso el dirigente sostiene que “si hubiese que devolver tierras a los Paichil Antriao habría que sacar la plaza pública y todos los edificios que están ahí instalados”.
Ley de Relevamiento
En todo el país está vigente la ley 26.160 (Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria), que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas y solicita un relevamiento territorial de las parcelas correspondientes a los pueblos indígenas. La ley 26.160 es criticada por el gobierno neuquino, sobre todo luego de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) firmara un convenio con la Universidad Nacional del Comahue para implementar el mapeo de tierras en la provincia.
Pese a ello, el pasado 02 de diciembre de 2009 la comunidad fue fuertemente desalojada de su territorio por una orden dictada en 2007 por el juez Jorge Videla. De este modo, el Estado neuquino incumple la ley y desconoce los derechos del pueblo mapuche, señala Jorge Nahuel.
A poco andar la normativa, la reacción del gobierno no fue positiva. “Esto hizo reaccionar muy mal al gobierno. Cuando llegó la hora de definir el equipo técnico que iba a administrar esto, el gobierno quería dirigir el proceso. Nosotros nos opusimos ya que el Estado es responsable histórico de la situación de despojo territorial del pueblo mapuche”, añadió.
Nahuel agrega que la reacción de la provincia fue boicotear todo intento de aprobar esta ley y los terratenientes de la Provincia de Neuquen, por su parte, empezaron a hacer una fuerte campaña para frenar las reclamaciones mapuche en el marco de dicha ley. “Peor todavía, cuando producto de las reivindicaciones históricas comenzó a desnudarse una historia de despojo, los terratenientes de la Sociedad Rural hicieron todo lo posible para impedirlo”, manifiesta y luego añade que “es necesario implementar esta ley pero la provincia se opone a que se haga con una co-dirección nuestra, ya que las comunidades establecen su propia demarcación de territorio. Esta es una gran oportunidad para nosotros, pues el contenido de la ley es muy fuerte y la provincia va a implementar toda su capacidad de boicotearla”, aclaró el dirigente.
El desalojo de la comunidad Paichil Antriao se produjo sobre un predio reclamado por el estadounidense William Henry Fisher. La comunidad utilizó históricamente ese predio para pastoreo de animales y existe también en el un rewe, sitio sagrado utilizado para ceremonias.
“Este es un relevamiento que va a permitir la mensura y la titulación, en base a un primer paso que es la tierra para el pueblo mapuche en base a criterios históricos y culturales”, agrega Nahuel
Respuesta de la CIDH frente al caso de la comunidad Paichil Antriao
La situación de despojo territorial y militarización que vive la comunidad Paichil Antriao no ha sido invisible para los organismos internacionales de derechos humanos.
En el año 2008, el estado de militarización y represión que vive la comunidad fue denunciada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego se solicitaron medidas cautelares.
La respuesta de la CIDH no demoró y a comienzos de mes, solicitó información al Estado argentino sobre la situación de la comunidad Mapuche Lof Paichil Antriao, pidiendo saber sobre “las medidas que se han tomado respecto de los actos de agresión denunciados por los solicitantes a miembros de la Comunidad Mapuche Lof Palchil Antriao de la provincia de Neuquén, Argentina”, señala un documento de la CIDH dirigido al Estado argentino.
El documento además interpela al gobierno para que explique el por qué de su imcumplimiento a la ley de relevamiento y demarcación de las tierras indígenas, puesto que se han realizado desalojos con vigencia de una ley que prohíbe ese tipo de medidas, constituyendo una grave violación a los derechos humanos de los pueblos originarios.
A juicio de Jorge Nahuel, la respuesta de la CIDH abre un escenario nuevo donde las autoridades de la nación pueden jugar un rol interesante. “Hay expectativas en el poder judicial, en el superior tribunal de justicia. Le hemos exigido que se ponga al día con toda la normativa que está vigente y han ido violando permanentemente nuestros derechos”, finalizó.
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